La Justicia de Guatemala podría “retroceder años” si la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal de este país, otorga amnistía a los militares procesados por delitos de genocidio y crímenes de guerra, advirtieron hoy organizaciones locales e internacionales de derechos humanos.
“Sería una arbitrariedad de la CC que demostraría dependencia hacia otros poderes, perdería su credibilidad y provocaría dañinos años de retrocesos a la Justicia”, dijo en rueda de prensa la activista Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, una de las más prestigiosas organizaciones defensoras de los derechos humanos del país.
Mack señaló que si la CC amnistía a los militares retirados que son procesados por delitos de lesa humanidad, el Estado guatemalteco violaría su Constitución, y los acuerdos y tratados que en materia de justicia y derechos humanos ha ratificado.
Según fuentes judiciales, los magistrados de la CC se aprestan a resolver en los próximos días un recurso solicitado por el general retirado Héctor López Fuentes, para ser beneficiado con un decreto de amnistía emitido en 1986 por el entonces general golpista Óscar Mejía Víctores, para evitar ser procesado por los delitos de genocidio de que se le acusa.
“Lo que estamos exigiendo es certeza jurídica, que se respete la jurisprudencia y los acuerdos internacionales, y que se falle de acuerdo a las leyes vigentes”, precisó Mack.
El decreto 8-86, que contiene la amnistía de la que se quiere beneficiar López Fuentes, fue derogado en 1996 por medio de la Ley de Reconciliación Nacional.
Esa normativa exculpa a los militares y antiguos guerrilleros de delitos políticos y conexos cometidos durante la guerra de 36 años que vivió este país, no así los delitos penales como asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad como genocidio.
En más de una decena de ocasiones, los tribunales guatemaltecos han rechazado recursos de militares que han pretendido evadir a la Justicia por medio de esa ley, lo cual “ha sentado jurisprudencia” al respecto.
Por su parte, la abogada costarricense Marcela Martino, del Centro de Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dijo que el Estado guatemalteco deberá responder ante los organismos de Justicia internacionales si la CC otorga la amnistía a los militares.
Cejil asesora a guatemaltecos víctimas de violaciones a los derechos humanos en los casos que han presentado en contra del Estado guatemalteco ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por no haber logrado Justicia en el país.
“El Estado guatemalteco incurriría en violaciones a los derechos humanos al emitirse un fallo de ese tipo, porque se justificaría y prolongaría la impunidad” en los casos de derechos humanos, agregó Martino.
Un eventual fallo a favor de López Fuentes también favorecería a otros militares procesados, entre ellos el general golpista José Efraín Ríos Montt, así como a los más de diez que ya han sido condenados en sentencias penales por participar en diversas matanzas perpetradas por el Ejército durante la guerra interna. EFE
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