Descripción

El pasado 28 de diciembre el gobierno de Guatemala emitió un decreto que cuestiona las facultades y desobedece sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este acuerdo es un pacto de impunidad para las élites militares, que durante la guerra interna en Guatemala desaparecieron, torturaron, masacraron, asesinaron civiles y cometieron actos de genocidio según la propia Comisión para el Esclarecimiento Histórico, auspicia da por la ONU. ¡Ayúdanos a pedir que retiren ese decreto!

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Ayúdanos a pedir que retiren el decreto 370-2012, envía tu mensaje pidiendo al Gobierno de Guatemala que obedezca los tribunales internacionales y proteja los derechos humanos.

El proyecto de impunidad del actual gobierno militar y empresarial continúa imponiéndose en el país. Esta vez a través de un acuerdo gubernativo que busca frenar cualquier intento de juicio y castigo a militares responsables por las desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad durante la guerra.

Este decreto atenta contra convenios internacionales y la propia constitución Guatemalteca, desconoce las sentencias emitidas por la CIDH antes del 9 de marzo de 1987, fecha en que Guatemala presentó ante la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el acuerdo gubernativo 123-87 que reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de modo obligatorio y sin convención especial, sobre todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El conflicto se basa en la histórica sentencia condenatoria al Estado de Guatemala, por la desaparición forzada en manos de cuerpos represivos oficiales y agentes estatales en el Caso del Diario Militar. Dicha sentencia fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y notificada el pasado 21 de diciembre. En dicha sentencia, se declara responsable a el Estado de Guatemala por la desaparición forzada de 27 personas registradas en el Diario Militar (José Miguel Gudiel Álvarez, Sergio Saúl Linares, Orencio Sosa Calderón, Oscar Eduardo Barrillas Barrientos, José Porfirio Hernández Bonilla, Octavio René Guzmán Castañeda, Álvaro Zararías Calvo Pérez, Víctor Manuel Calderón Díaz, Amancio Samuel Villatoro, Alfonso Alvarado Palencia, Manuel Ismael Salanic Chiquil, Carlos Guillermo Ramírez Gálvez, Luz Haydee Méndez Calderón, Juan Pablo Armira López (menor de edad), María Quirina Armira López (menor de edad), Lesbia Lucrecia García Escobar, Félix Estrada Mejía, Otto René Estrada Illescas, Rubén Amílcar Farfán, Sergio Leonel Alvarado Arévalo, Julio Alberto Estrada Illescas, Crescencio Gómez López, Luis Rolando Peñate Lima, Rudy Gustavo Figueroa Muñoz, Joaquín Rodas Andrade, Zoilo Canales Salazar y Moisés Canales Godoy); así como por la violación de la libertad de asociación de las personas desaparecidas ya que dichos crímenes tuvieron la finalidad de desarticular los movimientos u organizaciones a los que presuntamente pertenecían las víctimas y que el Estado identificaba como opositores y/o proclives a la “insurgencia”; reconoció su responsabilidad por las deficiencias en la investigación de los hechos y por la violación de otros derechos humanos como la protección de la familia.

No es aceptable que luego de conocer la sentencia inapelable de la Honorable Corte, al encontrarse en desventaja sus intereses políticos e ideológicos, tome medidas como la publicada el 28 de diciembre pasado. Los únicos que están de acuerdo y se benefician de este fallo de corte dictatorial son los propios militares que claramente estarían implicados como autores intelectuales en dichos crímenes de lesa humanidad. En este sentido la sentencia condenatoria de la CIDH es clara al disponer por unanimidad que el Estado debe investigar las desapariciones forzadas con el fin de conocer la verdad de los hechos y sancionar a los responsables. Además dispone que el Estado debe emprender una búsqueda seria para esclarecer el paradero de las y los desaparecidos; así como ocho medidas mas destinadas a la dignificación de la memoria de las víctimas.

Por otra parte tampoco es factible promover la idea que el acceso a la justicia en Guatemala para las víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado es una realidad pues demostrado está que el proceso nacional ha sido mas que agotado, siendo estos, casos que han estado engavetados desde los años 83 al 85, fecha en que ocurrieron y fueron denunciados los hechos y vueltos a abrir solo para permanecer impunes en 1999 cuando se dio a luz publica el propio Diario Militar.

Hoy que nos encontramos a la vuelta de cumplir 30 años de estar esperando el retorno de las y los desaparecidos a nuestras familias, 30 años en que las niñas y niños de nuestro país esperan aquella maestra cariñosa, en que los hospitales nacionales y clínicas comunitarias esperan aquel doctor comprometido, en que los propios campos y cultivos esperan a un agricultor quien la trabaja, demandamos que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso del Diario Militar sea cumplida en su totalidad por el actual gobierno y autoridades del Estado. De lo contrario llegará el momento en que ninguna cadena perpetua a los militares responsables, o devolución de los restos de nuestros seres queridos, sea suficiente para saldar la deuda histórica que los militares genocidas y sus cómplices empresariales tienen con nuestros pueblos.

También puedes enviar una carta a:

Presidente de la República Guatemala sr. Otto Pérez Molina Secretaria Privada Presidencia 6ta avenida 4-46, zona 1 Guatemala.