Publicado en El Periodico

Los embajadores también criticaron la estrategia de diálogo para solucionar y evitar las manifestaciones.

Sofía Menchú smenchu@elperiodico.com.gt

“Reconozco con dolor que en ciertas latitudes ocho muertos es una cosa muy grande, y aunque suena muy mal decirlo, a diario tenemos el doble de muertos. Por eso, considero que no es una llamada de atención tan grande”.

Harold Caballeros, canciller. (8 de octubre).

Analizarán cambios en protocolo de seguridad

Tanto el mandatario Otto Pérez como los ministros de la Defensa y de Gobernación aseguran que el uso de las fuerzas combinadas responde al protocolo de seguridad para disolver bloqueos. Sin embargo, el Presidente está dispuesto a revisar los protocolos para evitar enfrentamientos con las fuerzas combinadas y prometió resarcir a los familiares de las ocho víctimas que fallecieron a causa del desalojo del 4 de octubre.

El Inacif entrega peritajes

> El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que envió al Ministerio Público (MP) los peritajes que le servirán al ente investigador para aclarar los hechos del pasado 4 de octubre en Totonicapán. El MP entregó al Inacif más de 50 indicios que recolectó en la escena del crimen, entre cascabillos y muestras de sangre. Ayer se comenzaron a analizar los resultados, según investigadores.

Grupo G4 pide aclarar muertes

> El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, celebró su primera reunión con el grupo denominado G4. Los representantes de la agrupación pidieron que se deduzcan responsabilidades por las muertes provocadas en el bloqueo de la Cumbre de Alaska . “En un hecho se puede participar de forma inmediata o por encubrimiento… deben deducirse las responsabilidades de los hechos” aseguró Estuardo Gálvez, rector de la Universidad de San Carlos.

Piden destitución de ministros

> Integrantes de agrupaciones indígenas pidieron al mandatario la destitución del Ministro de Gobernación y de la Defensa, a quienes señalan de ser “los responsables materiales e intelectuales directos de la masacre de los hermanos indígenas en Totonicapán”.

La Coordinadora de Organizaciones Mayas también pidió que se retire de sus funciones al procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, y al coordinador del diálogo nacional, Miguel Ángel Balcárcel. El primero debido a que “no ha hecho un estudio con transparencia y eso indica que también forma parte de este encubrimiento” , aseguró Mario Itzep, del Observatorio Indígena. En cuanto a Balcárcel, Itzep aseguró que su labor como conciliador del diálogo ha fracasado.

La caravana

> Organizada por el Comité de Unidad Campesina (CUC) hacia Totonicapán saldrá hoy a las 5:00 horas de la capital.

La muerte de 8 campesinos, resultado del desbloqueo protagonizado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados el 4 de octubre, obligó a Otto Pérez Molina a participar en una reunión en Cancillería para informar al Cuerpo Diplomático.

La actividad la organizó el canciller, Harold Caballeros, quien el domingo convocó a: Adrián Zapata, comisionado presidencial para el Desarrollo Rural, Miguel Ángel Balcárcel, comisionado presidencial para el Diálogo, Antonio Arenales, secretario de la Paz, y al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, para que junto al Presidente hablaran ante los embajadores.

Pese a que el Gobierno manifestó que la participación del Ejército es temporal, tanto los diplomáticos como los funcionarios coincidieron que no es conveniente usar soldados para disolver manifestaciones.

Para Zapata, las condiciones estructurales e históricas del país causan los conflictos sociales, pero calificó de impropio enfrentar esos problemas con represión. “Me parece absolutamente irracional usar al Ejército para controlar la conflictividad social. El Estado tiene la obligación legal de controlar los desórdenes, pero el Ejército no es la institución pertinente”, indicó. Según Arenales, la reforma a la Constitución regula el carácter temporal y extraordinario de los militares conforme a los Acuerdos de Paz.

Preocupa diálogo

Algunos de los embajadores expresaron preocupación por el sistema de diálogo implementado. También opinaron que debe evitarse la intervención de soldados en la seguridad pública.

Stella Zervoudaki, embajadora de la Unión Europea, comentó que hay una falta de diálogo proactivo y que es un problema complejo. Aseguró que van a colaborar tanto con la Presidencia como con los diferentes grupos. “El Gobierno nos ha dicho que el uso del Ejército es provisional, pero no creo que sea adecuado”, refirió.

Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), anunció que preparan un informe con observadores que viajaron a Totonicapán. “La Alta Comisionada ha recomendado que debería terminarse el apoyo de militares en tareas de seguridad pública lo más pronto posible. Es lamentable que una manifestación legítima de personas que reclaman derechos haya terminado con ocho muertos”, señaló. El OACNUDH buscará el fallo en la negociación que obligó a los pobladores a bloquear las carreteras la semana pasada.

El embajador de Estados Unidos, Arnold Chacón, consideró que las fuerzas de seguridad son importantes para mantener el orden, pero no es el papel del Ejército interferir en esas situaciones.

“No es una guerra, ni un conflicto armado, es una manifestación donde se debe tener capacidad de manejarla”, criticó Eliahú López, representante de Israel. También comentó que los soldados no tienen la capacidad de mediar en conflictos sociales.

En tanto, Zapata aseguró que en el Gabinete el Ministerio de la Defensa ha pedido no participar en desalojos. Por la tarde el mandatario atendió al G4 y al Consejo Económico quienes, a diferencia de los diplomáticos, acudieron a Casa Presidencial para obtener la versión oficial del uso de la fuerza contra los manifestantes.