7 de febrero, 2018
(Ciudad de Halifax / Ciudad de Guatemala) Para la Red Rompiendo el Silencio de las Provincias Marítimas y Guatemala (RES), el reciente anuncio del nombramiento del Ombudsman Canadiense para la Empresa Responsable podría ser un paso hacia una mayor responsabilidad de las empresas, aunque su eficacia aún está por verse.
La oficina tendrá la facultad de investigar las quejas de derechos humanos contra las empresas Canadienses que operan en el extranjero y podrá emitir recomendaciones públicas a dichas empresas que se encuentren haber cometido daños, así como al gobierno Canadiense. El Ombudsman podría recomendar la retirada de algunos servicios gubernamentales tales como la promoción del comercio en casos específicos, así como la reforma de las leyes y políticas Canadienses.
Como organización de solidaridad, RES ha trabajado con los guatemaltecos que luchan por la justicia política, social y económica desde 1988. En 2004, RES comenzó el acompañamiento de los derechos humanos a comunidades en Guatemala que sufren graves abusos asociados con los proyectos mineros Canadienses. Desde entonces, los miembros de RES a través de las provincias Marítimas han formado parte de un movimiento creciente en el país exigiendo una mayor supervisión de las empresas mineras Canadienses que operan en el extranjero. Durante años, los miembros de RES se han unido a los miembros de la Red Canadiense de rendición de cuentas de las empresas (CNCA en ingles) para pedir la creación de un Ombudsman eficaz para el sector extractivo.
Miembro de Congreso guatemalteco y ex-coordinador del Comité de Campesinos del Altiplano (CCDA) Leocadio Juracán hizo hincapié en la importancia de esta oficina recientemente anunciada, diciendo: “Ojalá que esta instancia del procuraduría que se estaría formando en Canadá sea realmente independiente y que se le permite hacer realmente su trabajo por que es para el beneficio de la humanidad.” A principios de este mes, Juracán pidió la revocación de 90 licencias de explotación y exploración mineras emitidos por el gobierno de Guatemala por no respetar el derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades Indígenas en este país.
“Para que el Ombudsman sea plenamente eficaz, debe ser completamente independiente de interferencia gubernamental y corporativa, así como tener los recursos y herramientas para garantizar que se puedan llevar a cabo investigaciones exhaustivas,” dice Stacey Gómez, Coordinadora de RES en las Marítimas. “Estaremos pendientes para ver la eficacia de esta oficina que deberá permitir a las comunidades guatemaltecas afectadas por las empresas mineras canadienses obtener la reparación necesaria por los daños causados.”
En Guatemala hay 5 minas que pertenecen en la actualidad o han sido previamente propiedad de compañías canadienses. También hay numerosas licencias de exploración en poder de las empresas Canadienses. Durante años, las compañías mineras Canadienses que operan en el país, por ejemplo HudBay Minerals, Goldcorp y Tahoe Resources, han sido denunciados en Guatemala, Canadá e internacionalmente por violaciones graves de derechos humanos cometidas en relación a sus proyectos, incluyendo asesinato, amenazas, intimidación, violación en grupo, la contaminación y la escasez de agua.
Amalia Lemus del Comité Diocesano de Defensa de la Naturaleza (CODIDENA) hace hincapié en que, “Es importante investigar las violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en nuestra área, incluyendo los ataques, el estado de sitio y criminalización en contra de nuestras comunidades.” CODIDENA tiene su base en Santa Rosa, Guatemala, donde Tahoe Resources opera la mina Escobal.
Juracán hace hincapié en que los mega proyectos como la minería transnacional han causado fuertes daños de impacto ambiental, han destruido cerros y destruido montañas, contaminando ríos y que en realidad no ha significado muy importante el ingreso al presupuesto del país.” En el caso de la mina Marlin de Goldcorp, afirma: “ya dejó de operar, pero todo el costo del cierre dejó a las comunidades y al municipio, entonces eso afecta a la población.”
“Nosotros, como RES mantendremos nuestro compromiso de seguir apoyando a las comunidades que resisten en contra de las empresas mineras Canadienses y para remarcarles las violaciones de los derechos humanos a la atención del gobierno Canadiense, así como la embajada de Canadá en Guatemala, como lo hemos hecho durante los últimos 14 años,“ enfatizó Lisa Rankin, Coordinadora de RES en Guatemala.
RES y sus socios guatemaltecos exigen al gobierno Canadiense de asegurar que la oficina anunciado puede funcionar de manera independiente y que tenga los recursos y herramientas necesarias para remediar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, especialmente en el sector extractivo.
Contactos:
Lisa Rankin, Coordinadora de RES en Guatemala: BTSCoordinator (at) gmail.com
Stacey Gómez, Coordinadora de RES en las provincias Marítimas: BTSMaritimesCoordinator (at) gmail.com
Antecedentes
Acerca de Rompiendo el Silencio (RES): RES es una red voluntaria de personas en las provincias Marítimas que comenzó a organizar en 1988 para apoyar los esfuerzos de los guatemaltecos que luchan por la justicia política, social y económica. Hoy en día, RES tiene comités en Fredericton, Halifax, PEI, el North Shore, Fredericton, y Antigonish. RES se involucra en el acompañamiento de los derechos humanos, la educación pública y la incidencia política en torno a cuestiones claves como las siguientes: la defensa del territorio; la justicia de género; la verdad, la justicia y contra la impunidad; y seguridad. RES ha estado acompañando a las comunidades afectadas por la minería Canadiense desde 2004. Para obtener información actualizada sobre estas comunidades y más, visite el sitio web de RES.
Minera Canadiense en Guatemala: casos clave RES ha acompañado
Mina Marlin de Goldcorp
En 2005, la mina Marlin comenzó operaciones en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos. Miembros de la comunidad fueron engañados para creer que la tierra se utilizará para cultivar orquídeas. En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió la suspensión del proyecto y que el gobierno de Guatemala implementará medidas de precaución para evitar daños al medio ambiente. Sin embargo, la suspensión fue posteriormente invertida. Miembros de la comunidad, tal como las organizaciones internacionales, nacionales y locales han denunciado los efectos de la mina en su comunidad y el medio ambiente local, así como las amenazas y ataques contra los líderes comunitarios, la criminalización, la contaminación del agua, enfermedades, escasez de agua, y la división social. Estas cuestiones han sido puestos en conocimiento de los accionistas y el gobierno Canadiense en numerosas ocasiones. La mina se encuentra actualmente en su fase de cierre sin ninguna indicación al público del plan de cierre de esta compañía.
Para más información visite Goldcorp Fuera de Guatemala
HudBay Minerals, anteriormente los propietarios de la mina de níquel Fenix
La mina de níquel Fenix, ubicada en El Estor, Izabal, se remonta a la década de 1960. INCO, una empresa Canadiense de níquel, que se le otorgó la concesión minera en 1965. Hasta 2004, INCO fue denunciado por numerosas violaciones de los derechos humanos alrededor del proyecto, incluyendo los desalojos de tierras de personas Q’echqi’, así como asesinatos. Entonces el proyecto fue comprado por Skye Resources de Canadá. Bajo su propiedad, el desalojo de las personas Q’echqi’, así como la violencia, continuó. En enero de 2007, 11 mujeres de la comunidad de Lote 8 fueron violadas por los agentes de la seguridad de la mina y la Policía Nacional y el Ejército. En agosto de 2008, Skye Resources fue comprado por la minera Canadiense HudBay. Al año siguiente, en septiembre de 2009, seguridades de la mina asesinaron el líder comunitario Adolfo Ich Chamán y hirieron German Chub. HudBay Minerals está siendo demandado en Canadá por los 3 casos, de las 11 mujeres, el asesinato de Adolfo Ich y lesiones graves a German Chub. Actualmente, el proyecto es propiedad de Soloway Group, una compañía rusa. Los pescadores locales continúan denunciando la contaminación causada por el proyecto en el Lago de Izabal. La represión de estos pescadores condujo a la muerte de Carlos Maaz por la policía guatemalteca en mayo de 2017. El gobierno de Canadá y la Embajada de Canadá en Guatemala han sido mantenidos al tanto de las violaciones de los derechos humanos en la región, mientras que el proyecto ha estado en manos de Skype Recursos y HudBay Minerals.
Para más información visite Choc contra Hudbay
La mina Escobal de Tahoe Resources
La mina Escobal de Tahoe Resources se encuentra en San Rafael Las Flores, Santa Rosa. La compañía comenzó la explotación minera en el año 2013, a pesar de las consultas comunitarias ya teniendo lugar en el área que rechazaban la presencia del proyecto. Tras la concesión de la licencia de explotación, 7 manifestantes pacíficos fueron disparados afuera de la entrada de la mina por sus agentes de seguridad. Actualmente, la compañía está siendo demandada por el incidente en Canadá. Tres días después, el estado de sitio fue impuesto en la región, lo que restringio las libertades civiles y condujo a la criminalización de líderes comunitarias. Iniciativas legales y la acción directa por parte de la comunidad han llevado a la actual suspensión de las operaciones del proyecto. Sin embargo, la companía ha amenazado con actuar contra los manifestantes pacíficos. Miembros de la comunidad, así como a las organizaciones locales, nacionales e internacionales han denunciado la criminalización, los asesinatos, las amenazas, la intimidación y la escasez de agua a la empresa, las autoridades Canadienses y la embajada de Canadá.
Para más información visite Tahoe al banquilla.
Mina Cerro Blanco de Bluestone
La mina Cerro Blanco se encuentra en Asuncion Mita, Jutiapa, en la frontera entre Guatemala y El Salvador. El proyecto era propiedad inicialmente de Goldcorp, aunque nunca fueron capaces de extraer minerales debido a una errónea Evaluación de impacto ambiental. El proyecto fue recientemente adquirida por la pequeña empresa minera Canadiense Bluestone Resources que tiene la intención de explotar las reservas de oro, así como la fuente de agua termal en el lugar. Organizaciones salvadoreñas, tal como el gobierno en ese país y han sido muy franco en contra de tal proyecto, por temor a la contaminación del Lago Guija, principal fuente de agua del país.
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