Como el Parlamento Xinka y Rompiendo el Silencio (RES), deseamos manifestar nuestro apoyo y solidaridad con los defensores de tierra del pueblo Wet’suwet’en, que resisten la incursión del gasoducto Coastal Gaslink (CGL) su territorio no cedido.
Nosotros – el pueblo Xinka y el Parlamento Xinka en Guatemala – hemos estado involucrados en una lucha parecido en nuestro territorio contra la mina Escobal de Pan-American Silver (anteriormente Tahoe Resources), que tiene su sede en Colombia Británica. A través de numerosas consultas municipales, hemos expresado nuestra oposición al proyecto. Por defender nuestro territorio, nuestra gente ha enfrentado violencia, incluyendo asesinatos y ataques en contra manifestantes pacíficos, ocupación militar, amenazas, intimidación y criminalización.
Mediante acciones directas como dos campamentos mantenidos 24 horas al día, hemos podido parar la entrada de materiales relacionadas con la mina y así detener la operación de la mina. En 2017, conseguimos una orden en la Corte de la Constitucionalidad para suspender el proyecto mientras que se lleva a cabo un proceso de consulta libre, previa e informada de las comunidades afectadas. Todavía estamos en este proceso, aunque el estado guatemalteco y la compañía no han actuado en buena fue.
Desde 2004, RES ha brindado acompañamiento a defensores de derechos humanos a través de Guatemala en comunidades con una historia parecido a esto. RES también ha hecho llamadas al estado canadiense para responsabilizarse de las compañías mineras canadienses.
Conocemos muy bien los riesgos que enfrentan los defensores Indígenas de la tierra cuando las fuerzas estatales y el sistema legal se movilizan en su contra y en defensa de la extracción de recursos naturales. Lo hemos visto a través de Guatemala y lo vemos hoy en el territorio del pueblo Wet’suwet’en.
Los jefes hereditarios de los cinco clanes Indígenas del pueblo Wet’suwet’en han rechazado de una manera continua todas las propuestas de oleoductos en su territorio, incluido el proyecto CGL. Nunca han dado su consentimiento libre, previo e informado por el proyecto CGL. Sin embargo, el 31 de diciembre, la Jueza Marguerite Church de la Corte Suprema de Columbia Británica, otorgó una orden judicial a favor de CGL y autorizando a la policía nacional de Canadá (GRC) de hacerlo cumplir.
En una serie de redadas fuertemente militarizadas a partir del 6 de febrero, la GRC comenzó a sacar de manera forzada a los defensores de la tierra y observadores legales del territorio Wet’suwet’en. En total, 28 personas fueron arrestadas en estas redadas.
Estamos profundamente preocupados por las acciones de la GRC y su presencia continua en el territorio Wet’suwet’en. Condenamos la criminalización de los defensores de la tierra y los observadores legales, así como medidas tomadas por la GRC para bloquear cobertura mediática de las redadas.
Reconocemos que estas luchas en defensa de la tierra están vinculadas y que somos parte de la misma lucha.
Nos solidarizamos con los defensores de la tierra en territorio Wet’suwet’en, así como lo hacemos con defensores Mi’kmaq de la agua oponiéndose al proyecto de la compañía Alton Gas y con las abuelas Wolastoqiyik que se oponen a la Mina Sisson.
Hacemos eco de las llamadas de los jefes hereditarios del pueblo Wet’suwet’en:
- Que la provincia de Colombia Británica hace alto a la construcción del proyecto CGL y suspende los permisos.
- Que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos. Indígenas y el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) sean respetados por el estado y la GRC.
- Que el GRC y los servicios de seguridad y policiales asociados se retiren de territorio Wet’suwet’en, de acuerdo con la carta más reciente proporcionada por la Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD por sus siglas en inglés).
- Que el gobierno provincial y federal, la GRC y la industria privada empleada por CGL respetan las leyes del pueblo Wet’suwet’en y su sistema de gobernanza, y se abstienen de usar cualquier fuerza para acceder a sus tierras o expulsar a su gente.
También instamos al estado canadiense de garantizar que las empresas mineras canadienses que operan a nivel mundial respeten el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y que asegura que se hacen responsables. Esto incluye garantizar que Canadá establece un Ombudsperson independiente con el poder de investigar los daños asociados con los proyectos mineros canadienses, lo que no ha realizado hasta la fecha.
El Parlamento Xinka es la autoridad ancestral del pueblo Xinka, que habita en los departamentos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa en Guatemala.
RES es una red de solidaridad que ha estado trabajando con guatemaltecos en búsqueda de la justicia desde la década de 1980. Desde 2004, BTS ha brindado acompañamiento de derechos humanos en comunidades a través de Guatemala que han sido perjudicadas por proyectos mineros canadienses de empresas como Goldcorp, Hudbay y Tahoe Resources (hoy en día propiedad de Pan-American Silver).
Aqui se puede encontrar una version en PDF de la carta.
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