Por: María Reyes

La independencia e imparcialidad del sistema de justicia en Guatemala han estado en declive desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), respaldada por la ONU, fue desmantelada lentamente y, en 2019, expulsada del país. Uno de los bastiones que existían de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala era la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) que fue desmantelada el pasado 23 de julio del 2021 cuando la fiscal General  María Consuelo Porras Argueta destituyo al Fiscal Francisco Sandoval El Ministerio Público. El exfiscal Sandoval estaba investigando graves casos de corrupción que involucran a altos funcionarios del Estado, esta pudo ser la razón de su destitución.

El 13 de octubre se cumplieron dos años sin elección de nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las salas de apelaciones, debido a que el Congreso de la República se sigue negando a cumplir con la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) del 6 de mayo de 2020. La Junta Directiva del Congreso y los diputados oficialistas se han negado sistemáticamente a cumplir la sentencia de la CC, lo cual ha generado gran desgaste, inseguridad jurídica, demoras en los procesos judiciales y problemas de legitimidad en el nombramiento de otros funcionarios del sector justicia. Lamentablemente, el proceso de elección de la CSJ, el cual comenzó en 2019, se vio empañado por irregularidades y un nuevo intento por grupos corruptos e ilícitos de manipular los resultados, sugirió el caso “comisiones paralelas 2020”, que empezó a ser investigado por la FECI.

En julio se encendió nuevamente una alarma cuando EEUU incluyó en su lista Engel a 20 guatemaltecos. Entre los guatemaltecos incluidos se encuentran diputados, empresarios, políticos expresidentes y varios funcionarios del sistema de justicia entre ellos Mynor Mauricio Moto Morataya, exjuez; Blanca Aída Stalling Dávila, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia; Élder de Jesús Súchite Vargas, y Néster Mauricio Vásquez Pimentel, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, aunque no fuera suficiente en septiembre se agregó a lista Engel a la Fiscal General del Ministerio Público de Guatemala y al Secretario Privado, esto evidencia la profunda preocupación de EE. UU. sobre la corrupción a gran escala en Guatemala.

Después de varios años de avances históricos en la lucha contra la corrupción, la impunidad y la búsqueda de la verdad, el sistema de justicia de Guatemala se encuentra bajo control de grupos interesados en mantener la corrupción y la impunidad. Como parte de su maniobra, han mantenido procesos penales maliciosos en contra magistrados de la CC, entre ellos el magistrado José Francisco Mata Vela, la jueza Erika Aifán , fiscales, además las constantes amenazas de destitución del Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas y activistas en lo que parece ser una represalia por su compromiso con la lucha de la verdad, contra la corrupción e impunidad.