(Arte de la calle que representa la violencia en contra las comunidades maya q’eqchi’ de El Estor. Incluyendo la resistencia minera indígena pacífica que se enfrentó a la represión violenta de las fuerzas estatales, incluyendo el uso de gas lacrimógeno y la comunidad Maya Q’eqchi’ de Chinebal, El Estor, en el robo de su tierra ancestral a través del desalojo y la quema de sus hogares. “El Estor resiste” Créditos de las fotos: María Guarchaj, periodista maya k’iche’ @marycarr09)

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El pasado 25 de octubre del 2021, el Congreso de Guatemala ratificó un Estado de Sitio en el municipio del Estor, Izabal, Guatemala. Con el estado de Sitio el Gobierno determinó restringir los artículos de la Constitución en ese municipio que regulan la libertad de acción, la detención legal, interrogatorios a detenidos y presos, los derechos a reunión y manifestación, así como la portación de armas. Con este Estado de Sitio de nuevo se criminaliza las manifestaciones pacíficas de las comunidades q’eqchi’, detenciones extrajudiciales, detenciones ilegales y allanamientos en las casas de defensores de derechos humanos.

Durante más de 60 años las comunidades indígenas q’eqchi’ del Estor han expresado su rechazo a la exploración y explotación minera en su territorio, sin embargo, desde 1970 los proyectos mineros empezó a funcionar, cuando el gobierno de Carlos Arana Osorio, otorgó una concesión para explotación de níquel, cobalto, hierro y cromo durante 40 años a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (EXMIBAL), subsidiaria de la compañía canadiense International Nickel Company (INCO). Posteriormente el proyecto continuó bajo el nombre de Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (PRONICO), que forma parte de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la transnacional Solway Investment Group.

Durante estos largos años de despojo, las comunidades se han manifestado para defender la madre naturaleza de los daños ambientales y sociales que provoca la minería, ante esta situación las comunidades han sufrido múltiples violaciones a sus derechos humanos, en el 2009 fue asesinado el Sr. Adolfo Ich Chamán, Presidente del Comité del Barrio La Unión, líder de la comunidad Las Nubes y defensor de los derechos de su comunidad, y maestro de escuela, en la comunidad Las Nubes, municipio de El Estor, Departamento de Izabal. Angélica Choc, junto con otros 12 demandantes, presentaron una demanda contra la compañía Hudbay Minerals y su filial guatemalteca CGN en Canadá, en un esfuerzo sin precedentes por llevar justicia a su comunidad Maya-Q’eqchi. El 27 de mayo de 2017, Carlos Maaz Coc, defensor de derechos indígenas y de la tierra, fue asesinado mientras participaba en una manifestación pacífica que pedía a las autoridades una solución a la contaminación del Lago Izabal, El Estor, así podemos seguir enumerando las graves violaciones que han sufrido las comunidades del Estor.

La persistencia, el coraje y la búsqueda de justicia llevó a miembros de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, a iniciar un proceso legal en contra del otorgamiento de la licencia de explotación minera Fénix que el Estado de Guatemala había otorgada. La Corte de Constitucionalidad emitió sentencia otorgando el recurso de apelación presentado por la Gremial, ordenando el proceso de la consulta, dejando en suspenso el derecho minero Fénix. A la vez, la Corte redujo el área de explotación minera de 247.99 kilómetros cuadrados (otorgados indebidamente años atrás a las compañías Canadienses Skye Resources y Hudbay Minerals) a 6.29 kilómetros cuadrados. Sin embargo, ante el incumplimiento de la dicha resolución y la mala fe en el proceso de la preconsulta, la población Q´eqchi´ desarrolló acciones pacíficas de protesta por 20 días, para hacer cumplir la resolución de la Corte Constitucional. En respuesta a ello, el 22, 23 y 24 de octubre del 2021, de manera ilegal la Policía Nacional Civil (PNC) y el ejército reprimieron con violencia y gases lacrimógenos a la población organizada, un día después se impuso un Estado de Sitio en el municipio del Estor, una práctica sistemáticas de los Gobiernos de turno para proteger los intereses empresariales y frenar el avance de la resistencia q’eqchi ‘ en El Estor.

De esta forma, la fuerza pública realizó retenciones ilegales y allanamientos en las casas de defensores de derechos humanos, además, allanó las instalaciones de la Defensoría Q’eqchi’ y la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a.  

Las comunidades de El Estor se encuentran en una situación de total vulnerabilidad y en constante riesgo frente a los abusos y delitos cometidos por la empresa minera y las autoridades de Guatemala, nuevamente el pasado 23 de noviembre de 2021 se anunció la imposición  de un estado de prevención por 15 días en el municipio del Estor, Izabal.