Conferencia de prensa de las comunidades en resistencia a la mina de Cerro Blanco. Detrás de ellos hay carteles que dicen. Créditos de las fotos: Ruda

Por: Maria Reyes

En el municipio de Asunción Mita del Departamento de Jutiapa, se encuentra ubicada la mina Cerro Blanco, un proyecto de la empresa Entremares S. A. A escasos 15 kilómetros de la frontera con El Salvador. El proyecto Cerro Blanco se ha convertido desde 2007 en una amenaza lenta y segura para la vida humana, la vegetación, la fauna y el recurso hídrico para comunidades de Guatemala y El Salvador.

La mina Cerro Blanco se promociona como el segundo yacimiento de oro y plata del país. El proyecto fue autorizado el 22 de septiembre de 2007 por el gobierno del entonces presidente Oscar Berger, cuando fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Ese mismo año el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió las Licencias de Construcción y Operación por 25 años (2007 -2032) en una propiedad de 174 hectáreas adquirida por el proyecto. Sin embargo, para el 2012 el Ministerio de Energía y Minas reportó la obra como temporalmente «suspendida», pues supuestamente la empresa prefirió esperar a que el mercado internacional del metal precioso mejorará a nivel internacional. La suspensión del proyecto minero Cerro Blanco generó grandes dudas.

En enero del 2017, la empresa canadiense Goldcorp anunció la venta de su proyecto minero Cerro Blanco a la empresa Bluestone Resources, la compañía no ha tenido la necesidad de actualizar permisos ambientales ante las autoridades guatemaltecas, ya que al comprar a Goldcorp también compró los derechos mineros que otorga el Estado. Desde entonces, Bluestone ha logrado posicionar el proyecto efectivamente en el mercado de acciones de Toronto, Canadá.

En diciembre del 2021, las comunidades en resistencia y organizaciones de Guatemala y El Salvador encendieron una alarma, la empresa minera estaría planeando presentar ante el MEM una propuesta para reactivar la mina utilizando una actualización del mismo estudio de impacto ambiental que presentaron hace 14 años, pero con un cambio que alertó a las comunidades y las organizaciones ambientales, la mina pasaría a ser una mina a cielo abierto, que puede provocar más amenazas en el desabastecimiento de agua, el desequilibrio de las aguas termales y que se sequen los pozos, lo que tendría un impacto directo en la agricultura y la salud de las personas que dependen de estas fuentes, además la criminalización y el rompimiento del tejido social.

El pasado 24 de enero, en la revista Informativo Nueva Generación las comunidades en resistencia de Asunción Mita, Jutiapa, pidieron al alcalde Francisco Guardado convoque a la población a una consulta municipal, en la cual se decida la voluntad del pueblo si quieren o no la extracción de minerales en el municipio.

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